Seguir mintiendo como estrategia electoral

22 de noviembre de 2026
Be Real

Seguir mintiendo como estrategia electoral o por qué España se queda sin casas mientras nos venden humo desde el atril


Por Ángel Manuel Gómez. Presidente y fundador de Be Real Group




Hagamos un ejercicio rápido de honestidad. Sal a la calle, abre cualquier portal inmobiliario en Madrid, Málaga, Valencia o Palma y mira lo que hay. O mejor dicho: mira lo que no hay. La oferta de vivienda se está evaporando a una velocidad pasmosa mientras las colas para ver un zulo de cuarenta metros cuadrados dan la vuelta a la manzana.


Desde los despachos oficiales nos repiten un mantra gastado: que si la culpa es de los fondos buitre, que si los pisos turísticos son el demonio, que si con otro par de decretos de intervención todo se arregla por arte de magia. Nos están mintiendo a la cara. Y lo peor es que los números, esos que no entienden de relatos políticos ni de ruedas de prensa triunfalistas, ya no se pueden esconder debajo de la alfombra.


El Banco de España ha tenido que ir corrigiendo sus propias previsiones al alza porque la realidad le pasa por encima: arrastramos un agujero que ya supera las 750.000 u 800.000 viviendas de déficit acumulado y que, si nadie frena esta locura, rozará el millón de casas que faltan de aquí a 2028, aunque sin embargo en las conversaciones de pasillo de los reservorios donde se decide futuro inmobiliario de España se da por hecho que la cifra lleva meses superando el 1.000.000 de viviendas de déficit. No es una cifra abstracta. Es un muro contra el que se están estrellando millones de familias. 


La aritmética que el Gobierno, una gran mentira que finge no ver la explosión demográfica.


Hay un elefante gigante en mitad del salón inmobiliario del que casi nadie quiere hablar en voz alta por miedo a que le pongan etiquetas: la demografía y los flujos migratorios.


La economía no entiende de tabúes; funciona por sumas y restas. En los últimos años, España ha estado creando alrededor de 240.000 hogares nuevos cada año, impulsados en gran medida por una inmigración intensa que llega buscando trabajo y futuro en las grandes áreas metropolitanas y en la costa. Sin embargo, las grúas apenas terminan unas 90.000 o 100.000 viviendas anuales. 


Haz la cuenta. Si metes a 240.000 familias nuevas en un autobús donde solo pones 95.000 asientos, la gente acaba aplastada contra los cristales. De hecho, recientes análisis económicos señalan que este choque demográfico explica por sí solo más del 40 % de la subida salvaje de los alquileres. Pero admitir esto obligaría al Ejecutivo a reconocer que no ha planificado ni un solo metro cuadrado de suelo ni de infraestructuras para absorber el crecimiento poblacional que ellos mismos celebran en sus balances macroeconómicos. Es más fácil buscar un culpable de caricatura que reconocer una negligencia de libro. 



El efecto búmeran de los decretos: Un error tan gubernamental como monumental que pagan exclusivamente los españoles.


La historia económica está llena de buenas intenciones que pavimentaron el camino al desastre, pero lo que estamos viviendo con la Ley de Vivienda y la cascada de reales decretos, como las sucesivas prórrogas de suspensión de desahucios, los topes a las rentas y el cerco a los contratos de temporada y habitaciones, merece estudiarse en las facultades como manual de demolición de un mercado. 


La verdad es que el pequeño propietario español, ese señor jubilado que compró un piso con los ahorros de toda una vida para complementar su pensión, ha dicho basta. Y es que cuando le cambias las reglas del juego a mitad del partido, le congelas la renta por decreto mientras le suben el IBI, los seguros y las derramas, y encima le dices que si su inquilino deja de pagar tendrá que hacer de escudo social gratis durante dos o tres años porque el Estado no tiene alternativa habitacional... ¿qué hace ese propietario?


Cierra la puerta con llave. Saca el piso del alquiler tradicional y lo pone a la venta.


Los datos son demoledores: desde 2020, la oferta de alquiler residencial en España se ha desplomado más de un 60 % (llegando a caídas del 73 % en Madrid y rozando el 90 % en Barcelona, el laboratorio estrella del intervencionismo). Y ojo a lo que viene: uno de cada tres propietarios cuyo contrato vence este año ya avisa de que no volverá a alquilarlo de forma convencional. Han querido matar a la fiebre rompiendo el termómetro, y han dejado al enfermo sin medicina. 



Okupación e "inquiokupación" Un Ejército de sicarios que asesina el sector inmobiliario: el miedo que congela miles de pisos vacíos 


Desde ciertos altavoces mediáticos y ministeriales se nos insiste con condescendencia en que la okupación es un "bulo" o un problema estadísticamente irrelevante. Quien dice eso jamás ha tenido que pagar la hipoteca, la luz y el agua de una casa mientras un desconocido le cambia la cerradura o un "inquiokupa" profesional deja de pagar al segundo mes sabiendo que la justicia tardará entre 18 y 24 meses en mover un dedo. 


El impacto real de este fenómeno no se mide solo por las denuncias registradas en comisaría, sino por el pánico silencioso que provoca. En el sector lo vemos todos los días: hay cientos de miles de viviendas vacías en España que no salen al mercado simple y llanamente porque sus dueños prefieren asumir los gastos fijos de tenerlas cerradas antes que jugarse su patrimonio a la ruleta rusa de la inseguridad jurídica. 


Cuando el Estado traslada su obligación constitucional de dar techo a los vulnerables sobre las espaldas del ciudadano particular, el resultado es automático: se exige al inquilino tres nóminas, aval bancario, seguro de impago y casi un certificado de pureza de sangre. El decreto que prometía ayudar a los más débiles ha terminado expulsándolos del sistema por completo.



Lo que nadie cuenta en los telediarios: la fábrica de casas está gripada


Más allá del ruido ideológico, hay una realidad industrial que nadie en Moncloa parece tener prisa por resolver: construir en España es hoy una carrera de obstáculos casi suicida.



Burocracia kafkiana: Convertir un terreno rústico en suelo finalista listo para meter las excavadoras tarda entre 10 y 15 años de media en este país. Y una vez tienes el suelo, pedir una simple licencia de obra mayor te puede tener esperando dos años en un ayuntamiento mientras los costes financieros te devoran. 


Infierno fiscal: Cerca del 25 % al 30 % del precio final de una vivienda nueva son impuestos y tasas (IVA, AJD, ICIO, cesiones de suelo, impuestos sobre transmisiones). El Estado es el socio que más gana con cada piso que se vende, sin poner un solo ladrillo.


Sin manos para levantar paredes: Faltan más de 700.000 trabajadores en la construcción, el relevo generacional es inexistente y los materiales se han disparado.


Promesas de cartón piedra: Nos han anunciado cientos de miles de viviendas públicas y de alquiler asequible en cada campaña electoral. La realidad sobre el terreno es que la vivienda protegida apenas representa una fracción ridícula de lo que se construye. Mucho PowerPoint y muy poco hormigón.


El coste humano: millones de vidas en pausa y una bomba de relojería


Detrás de este desastre regulatorio y de gestión no hay gráficos; hay vidas rotas y proyectos congelados.


Hoy en día, cerca de 6,8 millones de personas en España sufren un sobreesfuerzo económico severo por culpa de la vivienda. Uno de cada tres inquilinos destina más del 50 % de su sueldo únicamente a pagar el techo bajo el que duerme, y entre las rentas más bajas ese porcentaje supera el 70 %. Eso no es vivir; eso es trabajar para pagarle el alquiler al casero y sobrevivir a base de recortes. 

El Salto


Las consecuencias que ya estamos pagando, y las que vienen de camino, son devastadoras:



Una generación estafada: Más del 80 % de los menores de 30 años sigue atrapado en casa de sus padres, batiendo récords históricos de emancipación tardía. Si no puedes irte de casa, no formas una familia, no tienes hijos y no ahorras ni un euro. 


El colapso silencioso de las pensiones: La crisis de la vivienda es el mayor anticonceptivo del país. Con la natalidad en mínimos históricos porque nadie puede pagar una habitación más, estamos dinamitando la base demográfica que deberá sostener nuestro Estado del bienestar dentro de veinte años.


Asfixia económica y fuga de talento: Las empresas en Baleares, Canarias, Madrid o Málaga ya no encuentran médicos, profesores, camareros ni ingenieros porque el sueldo no da para alquilar un piso en la ciudad donde tienen que trabajar. La crisis inmobiliaria ya es el principal lastre para el crecimiento económico de España. 


La sociedad de los heredados frente a los desposeídos: Vamos directos hacia una fractura social brutal. Quien tenga padres con patrimonio o pisos en propiedad vivirá bien; quien dependa únicamente de su nómina estará condenado a ser inquilino perpetuo o a compartir piso hasta los cuarenta años. 


La receta para salir de este agujero existe, pero exige algo que hoy escasea más que el suelo urbano en el centro de Madrid: valentía política para admitir el fracaso. Hace falta seguridad jurídica inmediata para que el dueño pierda el miedo a alquilar, desregulación y agilización radical de licencias para inundar el mercado de oferta nueva, y rebajas fiscales reales a la construcción y al acceso a la primera vivienda. 


Mientras sigamos aplicando parches ideológicos sobre una tubería que revienta por presión, el déficit seguirá subiendo. Y el día que queramos reaccionar, a toda una generación de españoles ya se le habrá pasado la vida esperando unas llaves que nunca llegaron. 


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