La diana equivocada: el peligroso linchamiento del sector inmobiliario este 11N

La diana equivocada: el peligroso linchamiento del sector inmobiliario este 11N

Las calles amanecen tensas. Pancartas desgarradas, consignas coreadas a viva voz y piquetes plantados a primera hora ante las puertas de pequeñas agencias de barrio marcan el compás de esta jornada. La huelga general de este 11 de noviembre ha tomado la vivienda como su gran estandarte moral, pero lo que se respira sobre el asfalto rebasa con creces la protesta laboral legítima: se ha desatado una auténtica cacería de brujas con nombres, apellidos y negocios locales en el punto de mira.

La verdad es que resulta tentadoramente fácil fabricar un enemigo a medida. Cuando la precariedad aprieta, cuando los sueldos se evaporan el día cinco de cada mes y el horizonte de emancipación de miles de jóvenes se desmorona, la rabia necesita un rostro tangible donde descargar el golpe. Y ahí es donde entra la intermediación inmobiliaria. Es el blanco perfecto: visible a pie de calle, cotidiana, expuesta. Sin embargo, no nos equivoquemos. Disparar contra el mensajero no resuelve el contenido del mensaje; solo destruye el canal.

El uso personalista de una herida social abierta

Detrás del ruido de los megáfonos hay una estrategia calculada de polarización. Ciertos liderazgos políticos y colectivos de corte personalista han encontrado en esta fractura social un trampolín demasiado rentable como para dejarlo pasar. Han construido un relato maniqueo y asfixiante donde no caben los grises: de un lado, la víctima pura; del otro, un supuesto monstruo corporativo encarnado en el agente que atiende al público en su despacho de barrio.

Ese relato es una trampa. Disfraza el colosal fracaso de las administraciones públicas durante las últimas tres décadas:

Un parque público de alquiler que en España agoniza en torno al 2% del total residencial, a años luz del 9% de la media comunitaria o del 20% de modelos como el austriaco o el neerlandés.

Una maraña burocrática y asfixiante que retrasa licencias durante años, convirtiendo el desarrollo de suelo en una carrera de obstáculos imposible.

Una sucesión de parches legislativos que, en lugar de aportar certidumbre, han secado el mercado libre por puro temor de los arrendadores.

Las agencias inmobiliarias no fijan los precios. No son el oráculo que determina caprichosamente el coste del metro cuadrado: son el termómetro que refleja la fiebre de una escasez dramática. Su labor cotidiana consiste en filtrar solvencias, garantizar la legalidad de contratos intrincados, mediar en conflictos sucesorios y ahorrarle litigios eternos a familias que no entienden de jerga legal. Calificar ese servicio de parasitismo o marcar sus escaparates con pintadas hostiles no creará ni una sola habitación habitable. Lo único que logra es sembrar resentimiento en la comunidad.

Radiografía del asedio: el coste real sobre el tejido productivo

La hostilidad desatada no se queda en el plano dialéctico; tiene un impacto tangible, contable y destructivo sobre el tejido empresarial y social:

Más de 55.000 agencias y cerca de 160.000 empleos directos forman el ecosistema de intermediación en España. No hablamos de multinacionales impersonales con sedes en paraísos fiscales, sino de autónomos, comerciales a comisión, asesores jurídicos y personal administrativo que tributa en su municipio y vive la misma inflación que el resto de los ciudadanos.

El 85% de las viviendas en alquiler pertenecen a particulares: familias que compraron un segundo piso con los ahorros de toda una vida, o herederos que necesitan esa renta para complementar una pensión mermada o pagar la residencia de un anciano. La criminalización indiscriminada los aterroriza. La consecuencia directa es devastadora: retirada masiva de inmuebles del mercado tradicional, desvío hacia el alquiler por habitaciones o temporal, y en el peor de los casos, la puerta cerrada con llave.

El coste de la parálisis: Entre cierres forzados por coacción, jornadas perdidas y la suspensión temporal de transacciones y firmas notariales, el impacto económico directo de una jornada de bloqueo de este calado se cuenta por cientos de millones de euros. Pero el verdadero drama es diferido: contratos de arrendamiento que se cancelan en el último minuto por desconfianza mutua y propietarios que deciden renunciar a poner su piso en alquiler.

Al romper la confianza básica entre propietario, intermediario e inquilino, se dinamita el pegamento del mercado. La oferta se encoge todavía más, los filtros de selección se vuelven brutales y quienes peor salen parados son precisamente los perfiles más vulnerables: jóvenes con contratos temporales y familias con ingresos ajustados.

La factura internacional: el capital no discute, simplemente se marcha

Y es que el capital institucional no atiende a consignas ni a discursos incendiarios; evalúa riesgos sobre hojas de cálculo. Quienes tienen la capacidad financiera de levantar promociones enteras de vivienda asequible a gran escala observan este espectáculo con perplejidad.

El inversor internacional busca tres cosas elementales: estabilidad normativa a diez o quince años vista, certidumbre jurídica y paz social. Cuando lo que ve son señalamientos públicos, marchas contra profesionales del sector y una constante amenaza de intervención arbitraria en la propiedad privada, la decisión se toma en cuestión de segundos. El dinero no se queda a discutir; redirige su flujo hacia plazas como Lisboa, Milán, Dublín o Varsovia.

Perder esa inversión no castiga a los fondos; castiga al ciudadano común que necesita urgentemente que se construyan decenas de miles de viviendas nuevas para equilibrar la balanza. Expulsar al capital privado cuando las arcas públicas son incapaces de asumir semejante volumen constructor es un auténtico suicidio económico y social.

Acosar a los profesionales de la intermediación y convertir sus oficinas en trincheras políticas puede llenar minutos de televisión y alimentar egos en campaña, pero solo deja tierra quemada a su paso. La vivienda digna no nace del señalamiento ni de la hostilidad contra quienes articulan el mercado; se construye con toneladas de hormigón, incentivos claros, agilidad administrativa y un marco jurídico intocable. Todo lo demás es pirotecnia destructiva que pagarán, como de costumbre, quienes menos tienen.