Ingeniería parlamentaria por la puerta de atrás y llamadas al retorno: la tormenta perfecta que asfixia el mercado de la vivienda en España
En el sector inmobiliario llevamos años viendo cómo se legisla a golpe de titular, pero lo ocurrido esta misma semana en los pasillos del Congreso roza el surrealismo institucional. Con las Cortes disueltas y el país inmerso en plena campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha encontrado en la Diputación Permanente, el órgano de guardia que sustituye al Pleno, la gatera perfecta para colar un megadecreto de vivienda. ¿El truco? Aprovechar que en este órgano reducido la aritmética parlamentaria cambia y el bloque de investidura suma 35 votos frente a los 34 de PP, Vox y Junts. Una jugada maestra de trilero político para sacar adelante lo que el propio Pleno del Congreso le había tumbado apenas unas semanas atrás.

La verdad es que resulta desolador observar cómo se juega con las reglas del mercado como si fueran fichas de un tablero electoral. Mientras se nos vende este movimiento como un escudo social tras la indignación por casos mediáticos de desahucios, la realidad a pie de calle es otra muy distinta. Y es que, al mismo tiempo que el Ejecutivo interviene los precios, blinda moratorias hasta 2030 y asusta al pequeño ahorrador, lanza cantos de sirena prometiendo facilidades para el retorno de exiliados y descendientes, como hemos visto con la extensión de la llamada Ley de Nietos, y mantiene abierta de par en par la puerta a flujos migratorios masivos. Todo ello en un país donde literalmente no cabemos.
Un embudo demográfico sin ladrillos a la vista
Para entender la magnitud de esta irresponsabilidad, basta con cruzar dos datos oficiales que cualquiera en el sector conoce de memoria, pero que en Moncloa parecen ignorar por pura conveniencia ideológica. Según las últimas estimaciones del propio Banco de España, el agujero habitacional en nuestro país ronda ya las 750.000 viviendas y se encaminará hacia el millón de unidades de déficit en apenas dos años.
Hagamos números sencillos. Cada año se crean en España alrededor de 240.000 nuevos hogares, impulsados en gran medida por el saldo migratorio que ya nos ha sumado más de tres millones de habitantes desde 2018. Sin embargo, la industria de la construcción apenas logra terminar unas 90.000 o 95.000 viviendas anuales. Es pura aritmética de escuela primaria: si metes a cien personas en una habitación donde solo hay cuarenta sillas, sesenta se quedan de pie. Invitar ahora a cientos de miles de exiliados, descendientes y nuevos residentes a regresar o instalarse en España sin haber puesto ni un solo ladrillo público de los 184.000 prometidos es, sencillamente, echar gasolina a un incendio que ya devora el salario de los jóvenes y las familias trabajadoras.
Es como intentar apagar un fuego a base de decretazos mientras abres todas las ventanas para que entre el viento. El resultado lo vemos cada mañana en las inmobiliarias de Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia o Palma: colas de cuarenta personas en el rellano para ver un zulo de cuarenta metros cuadrados a 1.100 euros el mes.
El efecto búmeran del "decretazo" de la Diputación Permanente
Lo más grave de esta maniobra en la Diputación Permanente, donde el Gobierno logró convalidar el Real Decreto-ley 29/2026 aunque se le cayera el de los alquileres indefinidos por el rechazo del PNV, es la inseguridad jurídica crónica que inyecta en vena al mercado. El texto aprobado incluye medidas que suenan muy bien en un mitin, pero que en la práctica actúan como un potente repelente de oferta:
EL PAÍS
Moratorias antidesahucios prorrogadas hasta 2030: Se traslada de facto la responsabilidad del escudo social del Estado al bolsillo del propietario particular, que tiene que asumir impagos durante años esperando unas compensaciones administrativas que llegan tarde, mal o nunca.
Topes a las rentas y control de habitaciones: Limitar por ley la actualización de los alquileres al 2% y encorsetar el alquiler temporal y por habitaciones no abarata los pisos; los hace desaparecer.
Más presión fiscal y recargos del IBI: Castigar con subidas de hasta el 150% en el IBI o nuevos impuestos a socimis y pequeños tenedores solo provoca una huida masiva de capital hacia otros países más previsibles.
Créditos ICO de hasta 50.000 euros para la entrada: Una medida populista que, sin aumentar la oferta de pisos nuevos, solo servirá para inflar todavía más los precios de venta. Si das más dinero para comprar las mismas cuatro casas, las casas suben de precio. De manual.
Miles de afectados hoy, un erial inmobiliario mañana
Las consecuencias actuales ya las están pagando quienes supuestamente la ley venía a proteger. Más de cinco millones de personas que viven de alquiler en España se enfrentan hoy a un mercado seco, donde la oferta de arrendamiento habitual se ha desplomado en las grandes capitales tras años de intervencionismo. Cuando un propietario particular, que en España posee más del 90% del parque de alquiler, ve que el Gobierno usa atajos parlamentarios en plena disolución de las Cortes para cambiarle las reglas del juego a mitad de partido, hace lo único sensato para proteger su patrimonio: retira el piso del mercado, lo cierra a cal y canto o lo pone a la venta.
Y si miramos a medio plazo, el panorama es todavía más sombrío. La combinación letal de superpoblación en los polos económicos, alimentada por políticas migratorias y de retorno sin planificación urbanística, junto con la asfixia regulatoria va a consolidar una sociedad de dos velocidades. Por un lado, quienes ya tienen una vivienda en propiedad o heredan patrimonio; por otro, una generación entera de jóvenes españoles y trabajadores recién llegados condenados a compartir piso hasta los cuarenta años o a malvivir en infraviviendas y asentamientos.
La vivienda no se crea en el Boletín Oficial del Estado, ni mucho menos forzando la maquinaria parlamentaria de una Diputación Permanente a dos semanas de unas elecciones. Se crea liberando suelo, agilizando licencias urbanísticas que hoy tardan una década, dando seguridad jurídica a quien invierte sus ahorros y entendiendo que ningún país puede acoger a cientos de miles de nuevos habitantes sin tener antes un techo digno donde meterlos. Todo lo demás es propaganda cara que acabaremos pagando, como siempre, a fin de mes.
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