El gobierno qué olvido a sus ciudadanos

El gobierno qué olvido a sus ciudadanos hasta que los necesito para que le votaran.

Una generación expulsada de la propiedad y 3,3 millones de personas al límite: el coste real de ocho años sin desbloquear el suelo ni construir vivienda pública

Por Ángel Manuel Gómez 

En noviembre de 2026, con las calles aún calientes tras la huelga general del 11-N y las urnas del 29N asomando en el horizonte, el debate sobre el acceso a un techo digno en España ha alcanzado un punto de ebullición histórico. Desde sectores críticos del análisis inmobiliario y la oposición política se señala una paradoja difícil de digerir: tras ocho años de Gobierno socialista, el parque público de vivienda apenas representa un exiguo 1,5% del total nacional, situando al país a la cola de Europa. Mientras tanto, desde el Ejecutivo y el Partido Socialista defienden que su gestión ha estado condicionada por el bloqueo legislativo, la falta de competencias directas, en manos de las comunidades autónomas, y la necesidad de sentar las bases estructurales antes de ver resultados masivos, reivindicando hoy la vivienda como su principal bandera programática.

La realidad en la calle, sin embargo, no entiende de tiempos parlamentarios ni de excusas competenciales. El precio medio del alquiler ha escalado hasta un récord de 15,3 euros por metro cuadrado, mientras el mercado arrastra un déficit estimado de 750.000 viviendas para absorber la demanda real. Para millones de familias, encontrar piso se ha convertido en una gymkhana humillante donde el sueldo se evapora antes de mitad de mes.

Las raíces de una parálisis de ocho años

¿Por qué un Gobierno que hizo de lo social su seña de identidad llega al final de este ciclo con cifras tan raquíticas en promoción pública? La verdad es que, más allá del cruce de reproches entre administraciones, el primer gran fallo estuvo en no desbloquear el origen de toda la cadena: la reforma de la Ley del Suelo. Sin suelo finalista ni seguridad jurídica, cualquier desarrollo urbanístico queda expuesto a quedar paralizado durante años en los tribunales por un simple defecto de forma, funcionando como una espada de Damocles sobre la construcción de Vivienda de Protección Oficial (VPO), cuya edificación se ha desplomado un 83,8% respecto a los máximos de 2008.

A este cuello de botella técnico se suman factores políticos y económicos de calado que distintos observadores interpretan desde ángulos opuestos:

• El cálculo de los tiempos políticos: Construir vivienda pública requiere entre cuatro y seis años desde que se recalifica un terreno hasta que se entregan las llaves. Para un Ejecutivo atrapado en legislaturas cortas y equilibrios parlamentarios precarios, invertir miles de millones en ladrillo público supone asumir hoy el desgaste presupuestario para que, quizá, la cinta la corte otro partido en el futuro.

• El peso del votante propietario: España sigue siendo sociológicamente un país de propietarios. Una intervención masiva que inundara el mercado de alquiler asequible presionaría a la baja las rentas privadas, un escenario que genera recelos entre millones de pequeños ahorradores que complementan sus pensiones o salarios con el alquiler de un segundo inmueble.

• La fricción entre socios y territorios: Mientras desde el Ministerio de Vivienda se ha insistido en la necesidad de colaboración público-privada y estabilidad normativa, los socios parlamentarios y las administraciones autonómicas han mantenido un pulso constante sobre el tope a los alquileres y la cesión de suelo, dejando grandes anuncios —como los miles de pisos prometidos de la Sareb o de Defensa— en trámites interminables.

Por el contrario, fuentes gubernamentales y analistas afines subrayan que la inacción aparente responde a un modelo heredado durante décadas basado exclusivamente en la propiedad privada, revertir el cual exige primero crear instrumentos estatales nuevos. En esa línea enmarcan la reciente puesta en marcha de la empresa estatal CASA 47, que ha arrancado con una primera remesa de 800 viviendas, y el Plan Estatal de Vivienda 2030, dotado con 7.000 millones de euros para intentar elevar el parque público hasta el 15% a medio plazo.

Sombras de corrupción, opacidad y descontrol en la gestión pública

A la parálisis constructiva de estos ocho años se suma un factor aún más corrosivo para la confianza ciudadana: los recurrentes escándalos e indicios de corrupción que han salpicado tanto al entorno ministerial que originalmente gestionaba las infraestructuras y la vivienda como a los escasos desarrollos de vivienda protegida ejecutados en el país.

En el plano estatal, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, departamento que concentró las competencias de vivienda durante gran parte de este periodo antes de crearse un ministerio propio, quedó en el epicentro del caso Koldo. Lo que arrancó como una trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia derivó en investigaciones judiciales por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias que alcanzaron al exministro José Luis Ábalos y a su núcleo de confianza, salpicando además con registros y diligencias de la Unidad Central Operativa (UCO) las adjudicaciones de obra pública gestionadas desde esa cartera. Y es que, mientras se prometían grandes planes habitacionales, la sospecha de amaños en licitaciones y pagos en efectivo erosionaba la credibilidad institucional del propio aparato ministerial.

Paralelamente, en el ámbito de los activos públicos, la gestión y el traspaso de inmuebles de la Sareb (el conocido como "banco malo") hacia la entidad estatal SEPES y el proyecto CASA 47 han estado rodeados de fuertes críticas por falta de transparencia y descontrol contable. Mientras el Ejecutivo prometía movilizar hasta 50.000 viviendas de este organismo para alquiler asequible, la realidad afloró un parque repleto de inmuebles vandalizados, ocupados o sin cédula de habitabilidad, junto a peticiones formales ante el Tribunal de Cuentas para auditar la procedencia de los activos y un agujero patrimonial cifrado en más de 16.400 millones de euros.

Además, los escándalos más sangrantes para el ciudadano de a pie se han concentrado en las escasas promociones de Vivienda de Protección Pública (VPP/VPO) que sí llegaron a levantarse en distintas autonomías y ayuntamientos:

• Adjudicaciones a cargos públicos y familiares: En promociones como la de Les Naus en Alicante, la primera de vivienda protegida en dos décadas en la zona, la Fiscalía y los juzgados abrieron diligencias tras destaparse que altos cargos municipales, concejales, técnicos y familiares directos figuraban como adjudicatarios de pisos protegidos con piscina y pistas deportivas en plena playa, mientras miles de familias llevaban años en listas de espera.

• Cobros en dinero negro y sobreprecios encubiertos: En distintas promociones protegidas han salido a la luz denuncias de compradores a los que se exigían hasta 200.000 euros en dinero negro por encima del precio tasado legalmente, o bien se les obligaba a adquirir supuestos lotes de mobiliario a precios desorbitados que incluían elementos básicos de obra como bañeras o inodoros.

• Delegación opaca en promotoras privadas: En ciudades como Logroño o Málaga se han denunciado serias grietas en los registros de demandantes y en el control público, al delegar la selección de los compradores directamente en las promotoras o mantener en la opacidad los listados de adjudicatarios. A ello se suman los litigios arrastrados durante estos años por la venta de miles de viviendas públicas de entidades municipales y autonómicas madrileñas a fondos de inversión en etapas anteriores, un historial que ha alimentado la percepción social de que el ladrillo público en España funciona demasiadas veces como un circuito cerrado para privilegiados.

Del fracaso de gestión a la principal arma electoral

Resulta llamativo cómo el mismo problema que ha detonado el adelanto electoral del 29 de noviembre se ha transformado en el eje central de la campaña socialista. La explicación reside en la psicología del electorado y en la aritmética demoscópica.

Diversos estudios sociológicos coinciden en que más de dos tercios de la sociedad española respaldan medidas contundentes para frenar los precios del alquiler, incluso a costa de limitar los beneficios de los propietarios. Es más, una parte relevante del electorado sigue percibiendo al PSOE como la formación con mayor predisposición a intervenir el mercado frente a las propuestas más liberalizadoras de PP y Vox.

En política, prometer soluciones futuras suele ser más rentable que rendir cuentas por el pasado. Al presentar convenios de última hora, como la inyección de más de 1.000 millones de euros en Cataluña justo en vísperas de las movilizaciones, y al agitar la bandera del intervencionismo frente a la "especulación", el partido busca capitalizar el malestar social que su propia gestión no logró aplacar. La vivienda deja de ser un balance de gestión para convertirse en una promesa de rescate: votar al Gobierno no por lo que ha construido en ocho años, sino para evitar que la oposición desregule aún más el tablero.

Cifras de una emergencia social y consecuencias a futuro

Más allá de las estrategias de campaña y las investigaciones judiciales, el impacto sobre la población es tangible y profundo. Los datos acumulados hasta este 2026 dibujan un panorama asfixiante para quienes viven de alquiler. Actualmente, el 85% de los hogares inquilinos sufre una situación de sobreesfuerzo financiero al destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la renta, lo que en la práctica anula cualquier capacidad de ahorro y deja a las familias completamente expuestas ante el menor imprevisto.

La situación es todavía más dramática en el escalón extremo: uno de cada tres hogares que vive de alquiler destina más de la mitad de todo su sueldo únicamente a pagar el techo, colocándose al borde de la pobreza sobrevenida en cuanto abona los suministros básicos. En total, más de 3,3 millones de personas padecen este sobreesfuerzo habitacional, cronificando una brecha patrimonial cada vez más insalvable entre quienes heredaron o compraron a tiempo y quienes viven atrapados en el mercado del alquiler. A ello se suma que el 61% de los inquilinos carece por completo de margen para ahorrar un solo euro, bloqueando la emancipación juvenil y hundiendo la natalidad, mientras los juzgados siguen registrando 25.540 procedimientos de desahucio, una expulsión silenciosa de familias trabajadoras hacia la periferia de las grandes urbes.

Las consecuencias de este bloqueo se proyectan mucho más allá de las elecciones del 29N. A corto plazo, la falta de oferta asequible está vaciando las grandes ciudades de trabajadores esenciales, sanitarios, docentes, personal de servicios, que no pueden costearse vivir cerca de sus puestos de trabajo. A medio y largo plazo, España se enfrenta a una fractura generacional sin precedentes: una cohorte entera de jóvenes y adultos de mediana edad condenada a alquilar de por vida sin patrimonio propio, lo que tensionará el sistema de pensiones cuando lleguen a la jubilación sin una vivienda pagada que amortigüe la caída de ingresos.

Si la próxima legislatura no aborda con rigor técnico la liberación de suelo, la agilización de licencias, controles anticorrupción implacables en cada adjudicación y una inversión sostenida libre de tacticismos electorales, los grandes planes anunciados al calor de las urnas correrán el riesgo de quedarse, una vez más, en simples maquetas sobre el papel.