Barra libre al mercado: El pacto PP-Vox desmantela el escudo social ante una izquierda sin voz ni vo

Barra libre al mercado: El pacto PP-Vox desmantela el escudo social ante una izquierda sin voz ni voto

La verdad es que las noches electorales suelen dejar resaca, pero la que acaba de vivir el país tiene un regusto especialmente denso. Con las urnas ya frías y los datos sobre la mesa, el panorama político ha cambiado de piel. Nos enfrentamos a la conformación de un Gobierno central de coalición entre el Partido Popular y Vox, sostenido sobre el desmoronamiento de un bloque socialista y de formaciones de izquierda que han quedado extremadamente debilitados, casi sin voz ni capacidad de veto.

Más allá de los discursos de victoria y las corbatas de celebración, hay una pregunta incómoda, de esas que quitan el sueño a millones de familias al apagar la luz: ¿Qué va a pasar ahora con nuestras casas?

El acceso a un techo se ha convertido en la gran herida abierta de la sociedad española. Hablamos de una crisis que ya no entiende de clases sociales y que muerde con fuerza a jóvenes, trabajadores y jubilados por igual. En este nuevo tablero, las recetas regulatorias que venían ensayándose van directas al cajón de los recuerdos. Toca prepararse para un cambio de rumbo radical, de 180 grados, donde el mercado vuelve a recuperar las riendas absolutas del juego.

Adiós a los topes de precios

Y es que lo primero que va a saltar por los aires, casi por decreto de urgencia, es el andamiaje de la actual Ley de Vivienda. El Partido Popular nunca ocultó su alergia a esta norma, y Vox la considera directamente un ataque a la propiedad privada. Así que la consecuencia más inmediata es clara: las "zonas tensionadas" y el control de los precios del alquiler pasarán a la historia.

¿Qué significa esto en el día a día? Un informe reciente del Ministerio de Consumo estimaba que a lo largo de este año finalizan cerca de 632.400 contratos de alquiler, lo que afecta de forma directa a más de 1,6 millones de personas. Hasta ahora, muchos de estos inquilinos respiraban con la tímida esperanza de que los topes limitaran sus subidas. Ahora, con la desregulación total a la vista, se calcula que la renovación de estos contratos bajo los nuevos precios de mercado podría costarles a las familias una media de 1.735 euros más al año. En lugares con el agua al cuello como Baleares, la cifra asusta: el hachazo anual podría rozar los 4.600 euros.

La teoría de la nueva coalición es conocida: si das total libertad y seguridad jurídica al propietario, saldrán más pisos al mercado y, por pura ley de la oferta y la demanda, los precios terminarán bajando. Sin embargo, el problema es el "mientras tanto". El shock de liberar las rentas de golpe promete ser doloroso para quienes ya destinan más del 40% de su sueldo a pagar las facturas del mes.

Desahucios express y el blindaje absoluto del propietario

Si hay un punto donde Vox ha marcado perfil de hierro y ha arrastrado al PP a posiciones de máximos, es en el de la okupación y la seguridad jurídica. El nuevo Ejecutivo ya perfila medidas extremas, como la orden de desalojo en 24 horas y el endurecimiento severo de las penas.

Pero el verdadero cambio de fondo no está en los titulares sobre chalets okupados por mafias, sino en la letra pequeña de la vulnerabilidad social.

Por un lado, nos enfrentamos al fin de la moratoria, lo que significa que se eliminarán las trabas administrativas y los informes de servicios sociales que hasta ahora congelaban los lanzamientos de familias sin recursos. Por otro lado, veremos una clara desprotección del inquilino vulnerable. Con el argumento de que los pequeños propietarios (quienes tienen un par de pisos para complementar su jubilación) no pueden ejercer de escudo social del Estado, la protección judicial frente al impago se reducirá drásticamente.

El drama humano aquí es evidente. Se calcula que el endurecimiento de los procesos de desahucio sin alternativa habitacional inmediata podría dejar en una situación de extrema precariedad a más de 120.000 hogares que hoy subsisten gracias a las prórrogas extraordinarias y al escudo social moribundo. La calle se volverá un lugar más cercano para demasiada gente.

El ladrillo vuelve a respirar: Liberalización del suelo y avales públicos

Para la derecha, la crisis de la vivienda es, ante todo, un problema de falta de producto. Faltan casas. Y su receta es clara: construir más, construir más rápido y facilitar que la gente compre en lugar de alquilar.

Para poner en marcha esta maquinaria, el nuevo pacto de Gobierno contempla tres medidas de corte puramente expansivo. La primera es una agresiva liberalización de suelo, cuyo objetivo es reducir la burocracia y convertir suelo rústico o industrial en urbanizable de forma exprés para aumentar el stock de obra nueva y bajar los costes de los promotores.

A esto se le suman los avales del 15% al 20%, donde el Estado respaldará la entrada de la hipoteca a jóvenes menores de 35 o 36 años, permitiendo que perfiles con trabajo pero sin ahorros compren su primera vivienda. Finalmente, se planea implementar ayudas directas de emancipación mediante cheques únicos de unos 1.000 euros para aliviar la asfixia inicial del papeleo de entrada.

A simple vista, suena bien. Sin embargo, los analistas económicos independientes advierten del efecto bumerán. Inyectar dinero público mediante avales y cheques en un mercado donde apenas se construyen 100.000 viviendas al año, mientras se crean 200.000 nuevos hogares, es como intentar apagar un fuego con gasolina. Al haber más compradores solventes compitiendo por los mismos cuatro pisos de siempre, lo más probable es que los precios de venta, que ya apuntan a una subida del 7%, se disparen todavía más.

Además, la apuesta decidida por la colaboración público-privada suele traducirse en que el suelo público termina en manos de promotoras privadas para construir vivienda protegida... con precios que se indexarán al IPC, haciéndola menos accesible para los salarios más bajos.

El mapa de la fractura social

La verdad es que nos adentramos en un escenario dual. El mercado inmobiliario va a experimentar un festín de dinamismo, inversión extranjera y reactivación de obras que llevaban años paradas por la "incertidumbre regulatoria". Los inversores y los grandes tenedores de vivienda ya sonríen; el riesgo normativo ha desaparecido para ellos.

Pero la otra cara de la moneda muestra un panorama sombrío para la cohesión social:

• Expulsión periférica: El encarecimiento proyectado del 10% en los alquileres forzará a miles de trabajadores a abandonar los centros urbanos de Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, estirando los tiempos de transporte y destrozando la conciliación familiar.

• La brecha de la propiedad: Los jóvenes sin herencia familiar o sin sueldos muy por encima de la media se verán atrapados en un bucle eterno de habitaciones compartidas. El ascensor social de tener una vivienda en propiedad se detiene para las clases bajas.

• Inacción de la oposición: Con una izquierda fragmentada, desgastada por las culpas mutuas y sin músculo parlamentario, no habrá una voz fuerte que presione en las instituciones para exigir parques públicos de vivienda en alquiler que se queden para siempre en manos del Estado, y no como activos de inversión.

La suerte está echada y el rumbo elegido es nítido. El mercado inmobiliario español vuelve a la casilla de salida, al modelo que mejor conoce: el de la oferta ilimitada, los incentivos fiscales al propietario y la fe ciega en que el ladrillo, por sí solo, colocará a cada cual en su lugar. La duda que nos queda, y que da vértigo, es cuántos se van a quedar fuera del juego en el intento.